La financiación de la sanidad pública valenciana no responde a las necesidades de la población

  • Los Presupuestos de 2018 mantienen los efectos de la crisis en cifras por debajo de 2010. 26 de septiembre de 2018

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO, ha elaborado un informe con datos del Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística en el que se analiza de forma pormenorizada, en el periodo 2010-2018, los presupuestos destinados a la sanidad pública tanto en su conjunto como por cada comunidad autónoma. De dicho estudio, se pone de manifiesto la inequidad y la desigualdad entre CCAA en términos de gasto y de asignación de recursos

27/09/2018.

CCOO ha extraído los datos que considera mas relevantes sobre gastos de personal, listas de espera, camas hospitalarias y diferenciales entre presupuesto y gasto real en la Comunidad Valenciana.

Por lo que se refiere a las cifras en gastos de personal, estas han crecido respecto a 2017 (5,67%), sin embargo se está todavía ligeramente por debajo de las cifras que este Capítulo destinó en 2010. Este aumento presupuestario con respecto a 2017 no debe llevar a engaño, ya que obedece fundamentalmente a la previsión de aumento salarial acordada en la Mesa General, al aumento de plantilla proveniente de la reversión del Departamento de La Ribera y la consiguiente subrogación de 1425 trabajadores y trabajadoras de Ribera Salud, además de los que resulten de la subrogación de las Resonancias Magnéticas antes de fin de año.

Así mismo, el ligero aumento presupuestario en este capítulo está destinado a cubrir el aumento de plantilla producido por las subrogaciones mencionadas y no repercutirá en mejorar la contratación del personal necesario para sustituir vacaciones y bajas por enfermedad.

Por otro lado, es necesario que el Gobierno central elimine la obligación de ceñirse a la tasa de reposición del personal y poder con ello abordar el necesaria recuperación y aumento de plantilla que responda de forma eficaz a las necesidades asistenciales.

Aumentan las listas de espera y se reducen las camas

En lo que se refiere a las Listas de Espera Quirúrgica (LEQ), destaca la incapacidad para reducirlas, ya que se mantienen en términos parecidos a lo largo de todo el periodo. Según las cifras oficiales, a diciembre de 2017 había 52.312 pacientes en LEQ, de los cuales el 12,5 esperan más de 6 meses, mientras hay CCAA que esta cifra está por debajo del 4%.
Estas cifras se refieren a la lista de espera estructural y conociendo los mecanismos de maquillaje que se utilizan por parte de la Administración, la LEQ debe ser más elevada, desconociendo los datos reales por la poca transparencia que en estas cuestiones siempre ha demostrado la Administración.

Otro dato a resaltar son las cifras absolutas y relativas de camas en funcionamiento. En el periodo que abarca el estudio se ha producido una reducción de 481 camas, equivalentes a un hospital de tipo medio. Con las 10.044 camas actuales, resultan 2,04 por 1000 habitantes, una de las cifras más bajas entre todas las CCAA.

Presupuestos rectificados

Finalmente, y como dato importante, hay que señalar la diferencia entre Presupuesto inicial y Gasto final realizado. Año tras año, el presupuesto inicial es claramente inferior al gasto efectivo realizado, con diferencias anuales que van del 10% al 22%. Esta diferencia acumulada desde 2010, suma casi 6 millones de euros.

Lo que estos datos nos indican es que el presupuesto anual de la Conselleria de Sanitat es papel mojado y no responde a las necesidades asistenciales y de salud de la población, teniendo que ser rectificado cada año con cifras que van a engrosar el nivel de deuda de la Comunidad Valenciana.

En conclusión, los datos comparativos analizados demuestran la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, constituyendo un lastre para la mejora, consolidación y sostenibilidad de un servicio público tan esencial como es la sanidad. CCOO considera urgente e inaplazable un Acuerdo de Financiación Autonómica que ponga fin a esta injusticia histórica y garantice la sostenibilidad de los servicios públicos, así como la igualdad real y efectiva en su acceso en todo el Estado, a todos los ciudadanos y ciudadanas.

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