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miércoles 12 de septiembre de 2018

Las primeras aplicaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Por fin, el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes, nos trae las primeras modificaciones legales derivadas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El camino ha sido difícil y laborioso pues ha hecho falta una lucha constante por parte del movimiento feminista, del que formamos parte importante y muy activa, tanto en la elaboración del Pacto como para sacarlo adelante, sobretodo en el tema de la financiación. Y no nos llamamos a engaño, hará falta seguir luchando para que las muchas medidas acordadas vayan saliendo adelante.

De momento, el Decreto modifica un tema que ha sido una de nuestras principales reivindicaciones: la acreditación de la situación de víctima de violencia de género para acceder a los derechos laborales y a las prestaciones de la seguridad social. Hasta ahora, sólo se podía acreditar mediante una orden de protección a favor de la víctima y excepcionalmente con un informe del Ministerio Fiscal hasta que ésta no se dictara. Teniendo en cuenta que el 76,5% de las mujeres asesinadas en 2017 no habían denunciado previamente a su agresor; y que sólo el 14% de las 166.260 denuncias que se presentaron derivaron en una orden de alejamiento, la necesidad de ampliar los medios de acreditación era urgente.
 
Denunciar es el momento más peligroso, un paso difícil al que hay que llegar con derechos y con protección. La nueva regulación del art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004 amplia los medios de acreditación, que pueden ser "sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente".
 
Además de ésta modificación, otras también muy importantes ya vigentes son:
Para reforzar la asistencia jurídica de la víctimas: Tanto los Colegios de Abogados como los de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrados y procuradores de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género, que aseguren su inmediata presencia para la defensa y representación de la víctimas.

Para la protección de menores, hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género: reforma del art.156 del Código Civil  para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren un decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o del los hijos e hijas de ambos.

Para que la Administración Local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia: estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de materias recogida como de competencia propia de los municipios en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de la Bases del Régimen Local. 

Las violencias machistas están arraigadas en nuestra sociedad de manera estructural, hacen falta muchos cambios, políticas públicas potentes con recursos, pero sobretodo una verdadera voluntad social de acabar con la más cruel manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres.
 
Desde la FSS-CCOO celebramos el avance, pero sin dejar la lucha y la reivindicación hasta conseguir una sociedad libre de violencias machistas.
 
Silvia Espinosa López, responsable de Mujeres y Políticas LGTBIQ

Las primeras aplicaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

miércoles 12 de septiembre de 2018

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